La compañía deberá pagar 163.500 euros por identificar erróneamente a un hombre como capo

El litigante ya había sido indemnizado por Yahoo con 183.000 euros este año.

 

Un tribunal de Australia ha condenado este domingo a Google a pagar unos 200.000 dólares australianos (aproximadamente 163.500 euros) por un caso de difamación tras haber vinculado erróneamente a un ciudadano de origen serbio con el mundo criminal.

La víctima, Milorad Michael Trkulja, argumentaba que su nombre aparecía en los motores de búsqueda de Google vinculándolo al mundo criminal e incluso su fotografía aparecía con imágenes de Tony Mokbel, un famoso capo del narcotráfico condenado en julio pasado a 30 años de prisión. El jurado en este proceso determinó el mes pasado que Trkulja fue difamado por esas imágenes, que él pidió a Google que sean retiradas en 2009, según el diario Sydney Morning Herald.

Estas fotografías fueron difundidas en Internet después de que Trkulja recibiera un disparo de bala cuando cenaba en un restaurante de la ciudad de Melbourne en 2004, en un ataque que no fue resuelto por la Policía, pero que tampoco fue relacionado al mundo del hampa. El motor de búsqueda además llevaba a un portal ya desaparecido, Melbourne Crime, que publicaba fotografías etiquetadas con su nombre, agregó el diario.

Los abogados de Google argumentaron que el motor de búsqueda no es la responsable de la publicación y solamente hizo un índice de los enlaces a los portales y las imágenes en internet, sin saber si se trataba de material difamatorio.

El litigante, un serbio que migró a Australia en la década de 1960, también recibió a principios de año unos 233.800 dólares (183.772 euros) tras demandar a Yahoo por un caso similar por difamación.

Una empresa que sufrió un trágico suceso en 1978 denuncia que Google remite a información sensacionalista en sus búsquedas, lo que les causa daños económicos y reputacionales.

Un juez de Amposta (Tarragona) acaba de admitir a trámite la primera demanda por el derecho al olvido que presenta una empresa. Se trata de la compañía familiar Alfacs Vacances, que regenta el Cámping los Alfaques (Tarragona), complejo en el que sucedió un terrible accidente en 1978.

La empresa considera que Google no utiliza en todos los casos lo que denomina “algoritmo neutral” de búsqueda, ya que otras compañías como Hipercor en España o el casino MGM de Las Vegas en EEUU, que han sufrido atentados o siniestros que han tenido gran repercusión mediática, han conseguido que un primer rastreo en el buscador no sitúe las noticias de las desgracias en lugar preferente.

Alfacs Vacances denuncia que Google le produce pérdidas económicas y que daña su reputación. Se trata, por lo tanto, de una demanda por lo civil que invoca el derecho al honor de la empresa, a diferencia del resto de casos que se han producido hasta ahora, en los que ciudadanos particulares reclaman su derecho al olvido a Google por supuestas infracciones a la protección de datos.

Los abogados que asesoran a la empresa, Carlos Navarro y Antoni Rubí, de Carlos NAvarro Abogados, señalan que “la novedad jurídica reside en que la cuestión de derecho planteada no se refiere a la posible responsabilidad de Google por enlazar o albergar unos contenidos ilícitos, sino a la responsabilidad directa por mostrar en una forma determinada, diseñada y elegida por Google información que atenta contra el honor”.

Esto es, precisan, no discuten tanto que los algoritmos de búsqueda prioricen unos u otros resultados sino “la forma en la que Google los muestra acompañados de información gráfica que nada o poco tiene que ver con las búsquedas realizadas por un usuario”. Para ello, siguiendo jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sentencia de 23 de marzo de 2010), entienden que Google desempeña un papel substancial en la configuración de su página. Google ha declinado hacer comentarios sobre este caso.

Todo ello cuando en los últimos años se ha incrementado el número de ciudadanos que reclaman el derecho a que sus datos personales desaparezcan de los índices que ofrecen los buscadores de Internet. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha dictado más de noventa resoluciones relacionadas con Google, instándole a que retire los enlaces que los demandantes consideran perjudiciales. El buscador se niega a retirar los contenidos y ha recurrido ante la Audiencia Nacional cinco de estas resoluciones.

Entre sus argumentos, Google esgrime que la jurisdicción española no es competente para decidir el asunto, ya que el servicio lo ofrece Google Inc., empresa radicada en California, y no Google Spain, cuyos servicios se reducen a ofrecer publicidad y no tratan datos.

Otro de los razonamientos reiterados por el buscador es que quien debe retirar la información es la página de origen y no Google, que sería un mero espejo de la realidad. Además, admite que técnicamente podría retirar los datos como solicitan los demandantes, pero supondría “vulnerar el derecho de información”.

Mientras, Europa vive la fiebre del derecho al olvido en Internet desde hace meses. La comisaria de Justicia, Viviane Reding, anunció que presentará una propuesta legislativa para protegerlo en las redes sociales.
En cambio, Javier Fernández-Samaniego, socio director de Bird & Bird, recuerda que “el actual marco normativo europeo ofrece mecanismos suficientes para concretar este derecho”.

El accidente
El mediodía del 11 de julio de 1978, un camión cisterna cargado con 25 toneladas de propileno licuado a una presión de 8 bares se salió de la carretera, a la altura del Camping Alfaques en Alcanar (Tarragona) y, a resultas de la colisión, se produjo una explosión de un radio de entre 0,5 y 1 km. que provocó la muerte instantánea de 160 personas y 300 heridos. En total, hubo 243 muertos, lo que convierte el accidente en una de las mayores tragedias en nuestro país.

Google y Microsoft
El pasado febrero, Google acusó a Microsoft de copiar el algoritmo de su buscador. Aseguraba que implantaron palabras sin significado en las plantillas y que el competidor hizo lo mismo. Poco después, Microsoft denunciaba a Google en Bruselas por infringir la competencia desleal. La firma que preside Bill Gates denunció que Google restringió el acceso a vídeos a otros buscadores cuando compró Youtube, entre otras alteraciones.

Italia y Francia
El caso Cámping Alfaques está relacionado con otras sentencias en Europa relativas a los servicios de Google. Una del Tribunal Ordinario de Milán de 31 de marzo de 2010 y otra del Tribunal de Grande Instance de París de 8 de septiembre de 2010 han entendido que el servicio de sugerencia de términos de búsqueda lesionaba el honor de una persona y que no podía ampararse en la neutralidad del algoritmo porque era un servicio adicional.

El derecho al honor de las compañías
En principio, el Tribunal Constitucional (TC) negó que las empresas tuvieran derecho al honor en la sentencia 51/1989. Sin embargo, este criterio varió y en la sentencia 139/1995 el TC entiende que la persona jurídica también puede ver lesionado su derecho al honor cuando se la difame o se la haga desmerecer en la consideración ajena. En estas sentencias se confronta el derecho al honor y la libertad de información y el TC entiende que la libertad de información prevalece salvo que la información no sea cierta o carezca de relevancia pública. No es el caso de Cámping Alfaques. Pero sí cabe alegar que la noticia es histórica, por lo que carece de relevancia en la actualidad. A juicio de Javier Aparicio, socio de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, “es ajeno a esta discusión si el buscador facilita información en orden distinto de otras empresas, lo que sería un caso de competencia desleal, más grave para el buscador”.

Fuente: Expansión

Las demandas judiciales a los especialistas en otorrinolaringología (ORL) han crecido un 40 por ciento entre 2011 y 2012 debido al llamado efecto ‘Doctor Google’, que provoca que los pacientes consulten en Internetlas diferentes terapias y demanden a su médico asegurando que podía haber utilizado otro tratamiento.

“Las necesidades económicas acuciadas por la crisis y la posibilidad de consultar fuentes médicas especializadas en Internet están multiplicando el número de pacientes que, satisfechos o no con el tratamiento recibido, deciden demandar a su médico para ver si pueden sacar una compensación debido a un procedimiento o método diagnóstico que consideran que se podía haber utilizado en su caso”, ha comentado el expresidente de Sociedad Española de Otorrinolaringología y Patología Cérvico-Facial (SEORL-PCF), Primitivo Ortega.

Además, este aumento es superior a la media del resto de especialidades médicas, que también han visto incrementadas las demandas judiciales en el último año. En concreto, cada año uno de cada 43 de estos especialistas recibe una reclamación de responsabilidad civil, frente a uno de cada 14 en traumatología y uno de cada 23 en cirugía –excluyendo plástica y neurocirugía–.

Sin embargo, y a pesar de este incremento, la otorrinolaringología es una especialidad con una “siniestralidad menor” en cuanto a reclamaciones y demandas de responsabilidad civil profesional, según refleja un estudio de la correduría de seguros especializada en el sector sanitario Uniteco Profesional.

Según los autores del informe, una de las claves de esta baja siniestralidad en esta especialidad, a pesar del incremento en demandas, es la generalización del documento de consentimiento informado a los pacientes en esta especialidad. “Los otorrinos son especialmente cuidadosos a la hora de elaborar y tratar los consentimientos informados y de transmitir la información relevante a los pacientes. Esto permite defenderles con mayores garantías a la hora de afrontar un proceso judicial”, destaca el estudio.

APLICACIONES MÓVILES

Para el proceso de toma de decisiones los especialistas en Otorrinolaringología están apostando por las aplicaciones móviles para ayudarles en el diagnóstico y tratamiento, lo que ofrece a los pacientes las mejores evidencias disponibles, y ello reduce el riesgo de errores, según ha explicado el doctor del Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz), Antonio Jesús Martín Mateos, que presenta en el congreso de la SEORL-PCF diferentes trabajos sobre las posibilidades de estas aplicaciones en consulta.

“El buscar interacciones de medicamentos en libros y hacer cálculos de dosis de cabeza ya no tiene sentido cuando hay aplicaciones que contienen todos los medicamentos actualizados, que calculan las dosis en función de la edad y el peso y que alertan de interacciones y contraindicaciones”, ha concluido este experto.

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Francia investiga a Facebook

París rechaza las explicaciones de la compañía y anima a los usuarios a denunciar la publicación de datos privados

Facua lleva el caso a la agencia de datos española

 

El Gobierno francés reaccionó ayer con mano de hierro al supuesto fallo de Facebook. La ministra delegada para la Economía Digital, Fleur Pellerin, animó a los usuarios de la red social que se sientan afectados por la publicación de antiguos mensajes confidenciales en la parte pública de sus cuentas a que demanden a la compañía. Aunque la dirección de Facebook niega que se trate de un agujero en la seguridad, Pellerin recordó que los usuarios que tengan dudas pueden “cancelar sus cuentas por precaución”, y que los que se sientan “perjudicados” pueden “presentar una denuncia”.

La empresa de Palo Alto (California) se reunió ayer con la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL) francesa y afirmó que estaba “encantada” de poder dar su versión. Pero el regulador galo no quedó satisfecho con las explicaciones y afirmó que es preciso realizar investigaciones complementarias para determinar si Facebook ha convertido en públicos mensajes privados.

La CNIL pareció en todo caso echar un capote a Facebook al afirmar que “la generalización de la nueva herramienta Timeline (la historia de la actividad de la cuenta) ha facilitado el acceso a los mensajes antiguos”, lo cual “ha creado confusión en unos usuarios que son cada vez más conscientes de la necesidad de proteger su privacidad en línea”. La última versión de Facebook, cuya implantación en Europa terminó hace escasos días, tuvo como consecuencia la publicación de mensajes inicialmente privados publicados en el muro, una zona que tras el cambio es accesible.

La ministra Pellerin acusa a la compañía de “falta de transparencia”

La noticia de la posible fuga de privacidad fue adelantada por el rotativo gratuito Metro, que afirmaba que los mensajes privados de los años 2007, 2008 y 2009 se habían colgado por error en los perfiles públicos de algunos usuarios y eran visibles por terceros. Cuando la información se extendió como la pólvora por Twitter, con testimonios procedentes de Francia y otros países, un portavoz de Facebook Francia negó “todo fallo de seguridad en los datos privados”, y explicó que “una minoría de usuarios se había inquietado al ver mensajes que creían privados sobre su diario de actividad”. Añadió que los ingenieros de la compañía habían confirmado que “los mensajes en cuestión son antiguas publicaciones que ya estaban visibles en los muros”. El ministro para la Recuperación Industrial, Arnaud Montebourg, y la propia Pellerin han acusado a la compañía de “falta de transparencia” en una nota oficial. Entrevistada en la televisión I-Tele, la ministra dijo además que los argumentos de Facebook no eran “muy convincentes”, y añadió: “La dirección no ha sido capaz de dar la menor explicación sobre lo que sucedió. Reina la incertidumbre más absoluta”.

Tampoco han convencido las explicaciones de la red social a la asociación de consumidores Facua en España. Rubén Sánchez, portavoz de la organización, confirma que desde la noche del lunes están recibiendo “un número creciente” de quejas de usuarios. “Nos dicen que conocen Facebook y que están absolutamente convencidos de que esos mensajes eran privados”, asegura. Por eso Facua hizo una petición por escrito ayer por la tarde a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para que abra una investigación que esclarezca si efectivamente se ha vulnerado el principio de seguridad de datos. “Algunos correos electrónicos que nos están llegando con pantallazos contienen datos íntimos y comprometidos, y no debemos desechar el relato de esos ciudadanos”, añade Sánchez.

Las denuncias por difundir datos sin consentimiento se disparan en España

Fuentes de la AEPD aseguran que están “siguiendo” las informaciones sobre el tema, pero no pueden hacer ninguna valoración al respecto de momento. “No podemos prejuzgar”, dicen. Afirman que será cuando estudien las denuncias que les lleguen al respecto, entre ellas la de Facua, cuando investiguen y se pronuncien acerca de esta posible publicación de comunicaciones privadas.

En 2011 la AEPD ya investigó 288 denuncias relativas a la vulneración de la seguridad y la difusión de datos sin consentimiento en Internet. Esto supone un incremento de un 70 % respecto a 2010, cuando se estudiaron 168, según la memoria anual de este organismo. Este dato revela un mayor conocimiento de los ciudadanos sobre sus datos personales así como una creciente desconfianza en la seguridad y privacidad en la Red, dice el documento.

Fuente: El País

Tecleando en Google “cámping Los Alfaques” o “Els Alfacs”, el primer resultado que se obtiene es una entrada de Wikipedia en la que se explica la tragedia ocurrida en el año 1978. En el buscador, la web del cámping no aparece hasta la tercera posición y la mayoría de entradas rememoran las 243 muertes que se produjeron cuando explotó un camión cisterna cargado con 25 toneladas de propileno que circulaba por la zona. Además, la búsqueda también permite visualizar todo tipo de fotografías escabrosas del accidente.

Cansado de esta imagen y de que los campistas pregunten escandalizados, el director del cámping situado en la playa de Alcanar, Mario Gianni, ha demandado a Google por intromisión ilegítima en el honor de su empresa.

Google tendrá que someterse a la legislación española

El director cree que el trato que reciben por Google “es discriminatorio, daña nuestra reputación y nos produce pérdidas”.

Hace un año, cuando las búsquedas en la web incorporaron imágenes y vídeo, Gianni contactó con Google para pedir que se modificara la disposición de los resultados y que se eliminaran las imágenes más tétricas.

La respuesta que obtuvo de la empresa estadounidense fue que no se podía hacer nada porque dependía de un logaritmo neutro que clasifica los criterios de búsqueda.

La alternativa que recomendaba Google al director era que se dirigiera una por una a las páginas que publicaban las fotos para que retiraran las imágenes. “Este logaritmo no es neutro. Tienen una doble vara de medir según el tamaño de la empresa; esto no se lo harían a una corporación americana, ni se lo hacen a Hipercor”, añade el director del cámping tarraconense.

Ante la negativa del buscador, la empresa que regenta el cámping, Vacances Alfacs, decidió presentar cargos contra Google reclamando su derecho al olvido, como ayer publicaba el diario El Punt/Avui. Según su abogado, Carles Navarro, se trata de la primera empresa española que lo hace. La demanda ya ha sido admitida a trámite por el juzgado número 1 de Amposta y el cámping espera que se le reconozcan los perjuicios. “No se trata de olvidar lo que ocurrió, pero tampoco queremos depender siempre de este hecho histórico”, añade Navarro. Esta opinión también la comparte el alcalde del municipio, el republicano Alfons Montserrat, quien afirma: “la herida está cicatrizada” y “no es de recibo que en casos similares se dé un trato tan distinto”.

Google tendrá que someterse a la legislación española porque incluye la responsabilidad de los prestadores de servicios que facilitan enlaces, tiene oficinas en Madrid y ya tenía conocimiento de que su sistema de búsqueda estaba perjudicando a la empresa. Así lo cree Samuel Parra, experto en protección de datos y socio de Eprivacidad. “No parece razonable que tanto un particular como una empresa deban soportar la carga ad infinítum de un hecho pasado. Así como en 1890 se acuñó el derecho a estar solo, en Internet debe existir el derecho al olvido”, afirma Parra.

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AEDE se suma a la demanda contra Google

La Asociación de Editores de Diarios Españoles, AEDE, se sumó ayer a las denuncias abiertas ante la Comisión Europea contra Google por abuso de posición dominante. Joaquín Almunia, vicepresidente de la Comisión, abrió en noviembre de 2010 una investigación tras recibir denuncias de varios portales comparadores de precios y de la Asociación Alemana de Editores de Periódicos.

El Tribunal de Gran Instancia de París ha condenado al gigante americano de Internet Google a indemnizar con 300.000 euros en concepto de daños y perjucios al grupo frances editorial La Martiniere, por la digitalización de libros y su publicación on-line sin el consentimiento de los propietarios de derechos.

Asimismo, el juez prohíbe llevar a cabo nuevamente estas prácticas al buscador y advierte de que, en caso de hacerlo, impondrá nuevas sanciones económicas. La Martiniere, propietaria de la casa editorial Editions du Seuil, había denunciado a Google al entender que los autores estaban perdiendo dinero en esta nueva etapa de «revolución digital». Editores y autores recordaban que escanear libros era un acto que debía conllevar el pago de los derecho.

El buscador ha escaneado más de 20 millones de libros para el proyecto

Un juez federal otorgó el jueves una certificación de clase a los escritores que se oponen a los planes de Google Inc. de crear la mayor biblioteca digital del mundo, pues afirmó que sería mejor tener una sola demanda colectiva que cientos de casos individuales.

Una demanda colectiva es “más eficiente y efectiva que pedirle a miles de autores que demanden de forma individual” escribió el juez Denny Chin en un fallo. Agregó que requerirle a cada escritor que demande a Google implicaría el riesgo de resultados dispares en demandas casi idénticas y aumentaría exponencialmente el costo del litigio.

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BRUSELAS (Reuters) – A la minorista británica Marks & Spencer se le podría impedir utilizar una marca registrada de una firma rival para provocar publicidad online, ya que esto podría confundir a los usuarios, indicó el jueves un asesor del máximo tribunal europeo.

El abogado general Niilo Jaaskinen, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establecido en Luxemburgo, dio su opinión no vinculante sobre una demanda presentada por la empresa mundial de entrega de flores a domicilio Interflora contra Marks & Spencer, la cadena de ropa más grande de Reino Unido.

Interflora presentó una demanda en la que decía que Marks & Spencer había infringido su marca con la adquisición de varios símbolos que se correspondían o asemejaban a su marca, como palabras clave en el servicio de publicidad AdWords del motor de búsquedas de Google.

El juez del caso lo envió al Tribunal de Justicia de la UE.

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La demandante alega que fue grabado cuando tenía 18 años y puesto en Internet sin su consentimiento.

Un tribunal de Montpeller ha condenado a Google a retirar de la lista de resultados que ofrece su buscador los enlaces a un vídeo pornográfico protagonizado por una persona que actualmente es profesora. La demandante, Marie C., alegaba que al colocar su nombre o términos como “escuela de Laetitia”, el buscador enviaba al internauta a sitios pornográficos donde se ofrecía este vídeo pornográfico de aficionados. Algunos sitios aseguran que la demandante era en aquel entonces actriz porno “amateur”.

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