Google ha afrontado duras preguntas de los legisladores británicos que investigan sus asuntos fiscales y si facilitó información errónea al Parlamento el año pasado. El responsable de Google en el norte de Europa, Matt Brittin, fue llamado a declarar ante el Comité de Cuentas Públicas del Parlamento (PAC, por sus siglas en inglés) después de que una investigación de Reuters mostrara que la compañía empleó a personal en puestos de ventas en Londres, aunque había comunicado al comité en noviembre que sus empleados no vendían a clientes en Reino Unido.

Brittin dijo que la compañía estaba siendo ya investigada por la autoridad fiscal británica en relación con la transferencia del cobro de servicios entre Google Reino Unido y otras compañías del gigante estadounidense, pero añadió que creía que Google cumplió plenamente con la legislación fiscal británica. También negó repetidamente haber informado mal al Parlamento en noviembre, pero añadió que la división británica de la compañía estaba realizando más actividades de ventas de lo que había dicho con anterioridad.

En noviembre, dijo que “Nadie (en Reino Unido) está vendiendo”, y que Google Irlanda era la parte contratante de las ventas en Reino Unido; y que el personal en este país sólo estaba implicado en actividades promocionales. Ese acuerdo permite a Google no declarar la mayoría de los ingresos que tiene a partir de ventas británicas, dado que Google Irlanda envía la mayoría de sus ingresos a una filial en Bermudas.

Brittin dijo el jueves: “El equipo en Reino Unido está vendiendo, pero no está cerrando”. Miembros del parlamento dijeron que la estrategia fue engañar deliberadamente. La presidenta del Comité, Margaret Hodge, ha denunciado que Google no estaba cumpliendo con su lema original de “no hacerlo mal”. “Lo hicieron mal” ocultando los ingresos en Reino Unido al fisco, ha señalado Hodge.

La evasión de impuestos corporativos se ha convertido en un tema importante en el Reino Unido. La coalición de Conservadores y Liberales, liderada por el primer ministro Tory, David Cameron, ha ligado la sostenibiliad de la economía británica al éxito de la austeridad impuesta desde su llegada al poder, en mayo de 2010. Sin embargo, el déficit de las cuentas públicas en 2012 fue del 8,3% de Producto Interior Bruto (PIB), de ahí que los intentos por evadir al fisco sean especialmente impopulares entre unos británicos que todavía tienen años de austeridad por delante.

Según Bruselas, Google estaría aprovechando su cuota de más del 80% en el mercado de búsquedas europeo para promocionar de forma anticompetitiva sus servicios de búsqueda especializados y para limitar la capacidad de las compañías de usar servicios alternativos a su sistema de publicidad AdWords (que ofrece vínculos asociados a términos de búsqueda).

“Algunos interpretan que ya hemos llegado a un acuerdo, pero ése no es el caso. Consideramos esta propuesta como una buena base para la discusión [...], el mínimo requerido para avanzar a la siguiente fase [...], pero tenemos que analizar hasta qué punto las propuestas de Google solucionan nuestras preocupaciones”, afirma Almunia.

A principios de mes, Google remitió al Ejecutivo comunitario una serie de propuestas para aplacar sus preocupaciones, pero Almunia advirtió ayer de que todavía faltan meses para tomar una decisión y que ésta dependerá, en buena medida, de una consulta que realizará con los competidores de Google y otros agentes del mercado.

Tras la consulta, en la que participarán, como mínimo, una docena de competidores de Google, la Comisión analizará si las propuestas del buscador solucionan los abusos. De no ser así, Competencia pedirá una segunda propuesta a Google. Si así tampoco se llega a un acuerdo, la Comisión abrirá una investigación formal por abuso de mercado, que podría acabar con una multa máxima de un 10% de la facturación global de Google.

Según Bruselas, Google estaría aprovechando su cuota de más del 80% en el mercado de búsquedas europeo para promocionar de forma anticompetitiva sus servicios de búsqueda especializados y para limitar la capacidad de las compañías de usar servicios alternativos a su sistema de publicidad AdWords (que ofrece vínculos asociados a términos de búsqueda).

“Algunos interpretan que ya hemos llegado a un acuerdo, pero ése no es el caso. Consideramos esta propuesta como una buena base para la discusión [...], el mínimo requerido para avanzar a la siguiente fase [...], pero tenemos que analizar hasta qué punto las propuestas de Google solucionan nuestras preocupaciones”, afirma Almunia.

A principios de mes, Google remitió al Ejecutivo comunitario una serie de propuestas para aplacar sus preocupaciones, pero Almunia advirtió ayer de que todavía faltan meses para tomar una decisión y que ésta dependerá, en buena medida, de una consulta que realizará con los competidores de Google y otros agentes del mercado.

Tras la consulta, en la que participarán, como mínimo, una docena de competidores de Google, la Comisión analizará si las propuestas del buscador solucionan los abusos. De no ser así, Competencia pedirá una segunda propuesta a Google. Si así tampoco se llega a un acuerdo, la Comisión abrirá una investigación formal por abuso de mercado, que podría acabar con una multa máxima de un 10% de la facturación global de Google.

Las autoridades alemanas impusieron una multa de 145.000 euros a Google por recoger datos personales de redes inalámbricas privadas a través de cámaras instaladas en vehículos de su servicio de mapas Street View.

La oficina de protección de datos en Hamburgo fijó la multa por violación a la privacidad entre los años 2008 y 2010, cuando Google estaba preparando su servicio de paisaje urbano y fotos a pie de calle.

“En mi opinión, éste es uno de los casos más graves de violación a la normativa de protección de datos que han salido a la luz“, dijo John Caspar, director de la oficina de protección de datos.

“Entre la información recolectada desde los vehículos existía una cantidad significativa de datos personales de diversa calidad”, agregó Caspar. “Por ejemplo, se recogieron correos electrónicos, contraseñas, fotos y registros de chats“.

Google aseguró que reformó sus sistemas para solucionar los problemas que surgen con sus operaciones de Street View. La empresa dijo al ente regulador de Hamburgo que nunca había sido su intención almacenar datos personales y pidió perdón. Caspar consideró que el hecho de que ocurriera, además durante un largo período de tiempo, dio lugar a una sola conclusión: “Que los mecanismos de control interno de la empresa fallaron”.

El funcionario agregó que, según el derecho alemán, no pudo imponer una multa mucho mayor, ya que la pena máxima por violaciones de datos por negligencia se limita a un máximo de 150.000 euros.

Fuente: El Mundo

La coalición Fairsearch dice que el sistema operativo es “un caballo de Troya” para monopolizar el mercado de los móviles

Cuando aún no se fallado la denuncia contra Google por supuestas prácticas monopolísticas, la Comisión Europea ya tienen una nueva denuncia contra el gigante de Internet, en esta ocasión por sus sistema para móviles Android. El denunciante es el mismo, la coalición Fairsearch.org, que agrupa a Microsoft, Oracle, Nokia y TripAdvisor, entre otros.

“Google utiliza su operativo móvil Android como caballo de Troya para engañar a sus socios, monopolizar el mercado de telefonía móvil y controlar el consumo de datos”, según el comunicado emitido hoy martes.

“Instamos a la Comisión a actuar con rapidez y decisión para proteger la competencia y la innovación en este mercado clave. Si no se hace nada, esto solo animará a Google para reproducir su abuso de posición dominante en el ordenador en las plataformas móviles, donde los consumidores están recurriendo cada vez más con el sistema operativo Android”.

FairSearch recuerda que Google ofrece a los fabricantes gratuitamente el sistema Android, pero a cambio tienen que incluir servicios y aplicaciones suyos, como el correo Gmail, los vídeos de YouTube, sus mapas o su buscador. Según la organización, estas aplicaciones están disponibles por defecto para el usuario -como ocurría con el navegador Explorer en el sistema Windows- y pone a Android en condiciones de controlar los datos de los consumidores.

Los demandantes agrupados en FairSearch son los mismos que los que se oponen a Google, en la investigación iniciada por la Comisión Europea en noviembre de 2010, por abuso de posición dominante con su buscador, y pendiente de un dictamen. En esta ocasión las quejas son hacia el Android, pero con las mismas consecuencias: anular la competencia con sus prácticas de posición dominante.

Fuente: El País

Google mantiene como primera referencia historias negativas de pueblos, que ven su imagen deteriorada décadas después

¿El derecho al olvido es solo un derecho personal? ¿Tienen derecho a él los pueblos? Derecho o no, lo cierto es que una mala noticia en un pueblecito queda para siempre en la memoria de Google y, lo que es peor, en su buscador. Por eso, Francisco Canals ha creado Identidad Legitima, una consultora con la que, aparte de mejorar la fama de personas y marcas, también la extiende a los pequeños pueblos españoles.

“Reconozco que no tengo un solo cliente de ayuntamientos. Dicen que no hay dinero”, explica Canals, “aunque Internet y Google son gratis. Ya llegará. Hace diez años ningún hotel se molestaba en limpiar su imagen por el comentario de un cliente que tuvo un mal día en su establecimiento. Ahora ya lo hacen, y los pueblos lo acabarán haciendo”.

El Tribunal de Justicia Europeo analiza  el derecho al olvido de la gente. Por qué, por ejemplo, tiene que seguir apareciendo en Google, décadas después, aquella multa a un vecino de Pamplona que un día orinó en la calle (aunque así aparece en el boletín municipal y en los periódicos locales). Pero un paso más es por qué hoy, medio siglo después, cuando se busca información sobre las playas de Palomares sigue apareciento en el Top 10 de Google el accidente radiactivo de 1966; o por qué el buscador destaca en El Salobral sus lúgubres acontecimientos de hace un año y no sus bonitos parajes.

“Mi consultora empezó con personas y marcas, que son mis principales clientes”, explica Canals, “pero desde hace cuatro meses he ampliado a los pueblos, porque veo que no tienen quién les defienda. En el caso de personas y marcas, consigo que desaparezca esa mala imagen en un 50% de los casos o al menos se mezcle con otras buenas. Basta con publicar información positiva de esa persona y de esa marca, con el tiempo Google reindexa de nuevo y, como mínimo, se irán mezclando las informaciones positivas y negativas”.

En España, efectivamente, de momento no han llegado las campañas de imagen a Internet, pero en Francia, el pueblecito de Eu ha decidido cambiar de denominación pues en Google no existe. Para Google Eu es Europa, organismos europeos y direcciones de internet con ese mismo sufijo. Tampoco es que el pueblo francés sea un adelantado en lo concerniente al cambio toponímico. A principios de siglo el municipio norteamericano de Halfway decidó renombrarse Half.com, al igual que una empresa de Internet, aunque este caso no era cuestión de buena o mala imagen, sino de dinero. También quieren cambiar de nombre los copuladores de Copulando, un pueblo austriaco. Quieren que su municipio deje de llamarse Fucking, por mucha historia y tradición que tenga.

“El problema de los pueblos es muy diferente al de los famosos, las marcas o incluso las grandes  ciudades”, recuerda Canals. “En esos casos, todos generan mucha información, y los buscadores van actualizando los primeros resultados. No ocurre así con los pequeños pueblos, que saltan a la fama por un hecho a menudo luctuoso, y ahí se queda para siempre ya que no suelen generan otras noticias”. Es el caso de la matanza de Puerto Hurraco, que sigue entre los primeros lugares del pueblo pacense casi un cuarto de siglo después, o el de Biescas. En 1996, una tormenta nocturna arrasó con los campings de este bello paraje del pirineo oscense. Para los buscadores ese hecho sigue entre los primeros lugares mezclado con el reclamo turístico de su montaña, sus campings y sus hostales.

Pero a veces ni siquiera es necesario ser fuente de una mala noticia. El problema radica, como en el caso del Fucking austriaco, en su malnombre de origen, que sirve de mofa para los internautas o, simplemente genera confusión. El caso más llamativo es el del pueblo jienense de Venta de Pantalones que, en los buscadores, aparece rodeado de tiendas de jeans.

Fuente: El País

0

La entente de Google no es tan cordial

El buscador ha sellado un pacto de no agresión con los diarios franceses. El acuerdo desata duras críticas en ambos frentes

El acuerdo firmado el 1 de febrero en el Elíseo entre los editores de prensa franceses y la multinacional estadounidense Google sienta un precedente que el presidente del gigante de Mountain View (California), Eric Schmidt, ha calificado como “histórico”. Para evitar el litigio legal y eludir el pago del canon fijo por enlace que exigían los periódicos franceses y su Gobierno, Google se compromete a invertir 60 millones en un fondo a tres años, y sus ingenieros ayudarán a 160 periódicos generalistas a rentabilizar mejor su publicidad digital. Los expertos y agentes implicados parecen divididos. Los partidarios de un Internet abierto y gratuito creen que el acuerdo envía una peligrosa señal de pago por contenidos; los editores franceses creen que es mejor renunciar al canon y pactar que meterse en litigios interminables. Los sindicatos de periodistas claman contra la bajada de pantalones de los editores y hablan de “expolio a los derechos de autor de los reporteros”. Y desde Nueva York, el gurú Jeff Jarvis afirma que “los periódicos y el Gobierno francés han chantajeado a Google y no saben hacer su trabajo”. Pero muchos coinciden en que el pacto demuestra que la vieja Europa se ha convertido en la gran amenaza para Google y sus pares de Silicon Valley, que temen más a la alianza de Gobiernos y editores que a sus competidores.

La noticia ha enfurecido a los partidarios de la web gratis

Desde el otro lado del charco, el periodista Jeff Jarvis, autor de What would Google do? (¿Qué haría Google?, 2009), asesor de diarios digitales y defensor de un Internet gratis y sin trabas, arremete contra el pacto del Elíseo. “Eso no es un acuerdo, es una estafa y un chantaje”, truena al teléfono. “Lo que ha pasado en Francia es que los editores, con la ayuda de su Gobierno, han secuestrado y chantajeado a Google”, se embala. “Es lamentable, porque los medios europeos llevan 15 años sin hacer nada en Internet, sin entender nada ni invertir, y ahora se aprovechan del éxito de Google para sacar réditos. Que Google tenga éxito no significa que los medios sean parte de él. Y no es culpa de Google si los diarios tradicionales no han sabido adaptarse a Internet”.

La guerra abierta entre los debilitados editores y el poderoso buscador parece dar la razón al experiodista David Simon, creador de las series The Wire y Treme, que contó hace años que Wall Street decidió apostar por las empresas puntocom cuando intuyó que los periódicos digitales iban a resultar menos peligrosos para sus intereses que la prensa tradicional. El exreportero de The Baltimore Sun profetizó que el poder financiero iba a utilizar Internet para acosar y derribar al periodismo clásico, ese que publica, como dijo Orwell, lo que alguien no quiere que sea publicado.

La meteórica transición desde el periódico “cerrado” en papel al flujo inmediato de noticias “nos aboca a la desinformación porque demasiadas noticias equivale a ninguna noticia”, según el maestro italiano de periodistas Giancarlo Santalmassi. Paradójicamente, el cambio ha dado millones de lectores nuevos a la prensa tradicional. Y otra paradoja: lejos de generar más beneficios a los periódicos, la transición digital parece haber acentuado su ruina.

Las dudas sobre el futuro de la prensa en Internet siguen abiertas

En la última década, y especialmente desde que estalló en 2008 la crisis financiera de las hipotecas basura en la misma Wall Street, decenas de cabeceras han cerrado o reducido sus plantillas, la publicidad ha cambiado por otras plataformas (especialmente Google y a su filial YouTube); miles de reporteros que se las sabían todas pero no tenían perfil digital han perdido su empleo como le pasó a Simon, y han sido sustituidos por “empaquetadores de información”.

En ese contexto de agonía más o menos digna —y más o menos ventajosa para el poder—, de caída de las ventas y la publicidad, y de crecimiento de “la audiencia” sin rentabilidad, los viejos periódicos han encontrado en Google al enemigo-tótem —y quién sabe si también a un futuro socio o mecenas—.

Google es una de los cientos de empresitas que surgieron como setas en Estados Unidos hace 15 o 20 años. Fue fundada en 1998 por dos estudiantes de Stanford, Larry Page y Sergey Brin, como un índice de páginas web, con la idea de poner orden en el caos del éter. Tres lustros después, es la compañía más potente de Internet. Salió a Bolsa en 2004, a 85 dólares la acción, y hoy cotiza a cerca de 700. El año pasado obtuvo un beneficio de 10.740 millones de dólares (8.075 millones de euros), un 10,27% más que en 2011, y solo en el cuarto trimestre ganó 2.890 millones de dólares gracias al incremento de la facturación en publicidad.

Esta carrera hacia la cima ha topado en Europa con unos Gobiernos y unas organizaciones “casi gubernamentales” a la búsqueda desesperada de ingresos. Los Estados acusan al gigante californiano y a sus gemelas de Silicon Valley de pagar sus impuestos en paraísos fiscales y de poner en riesgo el pluralismo mediático al captar la tarta de publicidad que antes daba de comer a los diarios. Las asociaciones de editores de medio mundo, y especialmente las europeas, piden que el buscador pague un canon por enlazar sus noticias desde Google News y otras páginas de búsqueda. La Comisión Europea ha denunciado a la compañía por no pagar derechos; Alemania llevó en verano al Parlamento un proyecto de Ley Google, que pretende repartir los beneficios que produzcan los artículos pinchados; e italianos, portugueses, suizos y españoles pelean, unos con el apoyo de sus Gobiernos y otros sin él.

La compañía se ha negado a pagar alegando que los diarios reciben gracias a ella entre el 30% y el 50% de sus pinchazos totales, lo que debería generar más ingresos publicitarios. Pero, finalmente, ha dado su brazo a torcer. Primero en Bélgica —en diciembre, tras un litigio legal abierto en 2006— y luego en Francia —bajo la amenaza directa de legislar—, Google ha fumado la pipa de la paz.

París tomó cartas en el asunto después de que la empresa amenazara con no referenciar en los resultados de búsqueda a los medios franceses. A finales de octubre, el presidente François Hollande recibió en el Elíseo a Eric Schmidt, el presidente de la compañía, y exhortó a ambas partes a sellar un pacto. “Si no, haremos una ley”, advirtió. Las ministras de Cultura y de Economía Digital designaron como mediador a Marc Schwartz, socio de la consultora Mazars.

“Las negociaciones han sido pragmáticas y complicadas”, explica Schartz. “Las posturas estaban muy alejadas al principio, pero el último día logramos llegar a un entendimiento equilibrado y bueno para las dos partes. Fue difícil, porque los editores querían un derecho fijo sobre los enlaces y Google siempre dijo que jamás aceptaría pagar por enlazar contenidos. Así que buscamos otras fórmulas”.

En Silicon Valley critican que Google haya aceptado pagar 60 millones

Junto a Schwartz, la negociación la llevaron Nathalie Collin, presidenta de la Asociación de la Prensa de Información Política y Generalista y copresidenta de Le Nouvel Observateur, y el vicepresidente de Google para el sur de Europa, África y Oriente Medio, el francoitaliano Carlo D’Asaro Biondo. “Llegamos a enero y todo estaba estancado”, cuenta Schwartz. “Entonces escribí una carta a Eric Schmidt en la que le decía que debían poner algo de su parte en la balanza. Y eso es lo que hizo. Hablamos muchas veces por teléfono, y cuando vencía el plazo, el Consejo de Administración de Google se reunió en Mountain View, mientras en París se sentaban once editores de la asociación. En California, el vicepresidente Larry Page iba desde el teléfono a la sala del consejo para aprobar cada punto”.

El acuerdo tiene dos partes. Una es pública, la otra confidencial. La pública afirma que Google invertirá 60 millones en tres años para dotar un fondo de ayuda a la innovación digital de la prensa generalista. Ese fondo financiará proyectos que destaquen por sus méritos de innovación y rentabilidad. Los ingenieros de Google ayudarán a desarrollar esos proyectos, que serán seleccionados por un Consejo de Administración formado por siete personas, en el que se sentarán los tres negociadores —aunque Schwartz todavía no ha confirmado su presencia—, y personalidades independientes por determinar.

¿Qué empresas podrán beneficiarse? “No se trata de quién, sino de qué proyectos presenten. El objetivo es primar las ideas que ayuden a buscar un modelo innovador que sirva a todos para recaudar dinero a largo plazo y ayudar al sector a encontrar un modelo de negocio digital duradero”, responde Marc Schwartz.

La editora Nathalie Collin explica la parte privada, que debe tomar forma definitiva en las próximas semanas: “Se trata de un acuerdo comercial opcional, de una duración de entre tres y cinco años, que permitirá a los diarios optar a utilizar las herramientas publicitarias de Google, como AdSense en ordenadores y AdMob en móviles y tabletas. Los periódicos podrán comercializar sus inventarios publicitarios a través de Google”.

Tras la firma, Hollande habló de “éxito mundial”, y zanjó las dudas sobre el futuro con una de sus bromas, diciendo: “Cuando se acabe el dinero, volveremos a convocar una rueda de prensa”. Shmidt enfatizó que es “un acuerdo muy conveniente para los ciudadanos franceses”. Y Schwartz explicó a los que creen que 60 millones son una propina que “los diarios generalistas franceses han invertido 100 millones en el digital los últimos cuatro o cinco años”.

La editora de Le Nouvel Observateur cuenta que los medios decidieron “por unanimidad” renunciar al canon y aceptar la fórmula del fondo, y explica por qué: “Google no quería habilitar un fondo porque eso equivalía a reconocer que los contenidos son valiosos. Pero las dos partes sabíamos que la negociación de un canon habría sido muy larga y habría incluido recursos a los tribunales. Esa batalla legal habría sido perjudicial para los medios, las empresas y los internautas, que podrían haber perdido contenidos”.

Los sindicatos, sin embargo, acusan a los empresarios de haber sucumbido a los deseos del buscador. “Primero exigían un derecho conexo al derecho de autor y acaban aceptando una compensación risible”, ha dicho la CGT, de origen comunista, que ha subrayado que “el acuerdo comercial es insuficiente y se carga sobre los hombros de los periodistas, a quienes expolian sus legítimos derechos”.

En Brasil los medios de comunicación abandonaron el buscador y perdieron un 5% del tráfico

“No estoy nada segura de que hubiéramos recibido más dinero con la confrontación”, replica Collin, “y además los sindicatos y Google no querían una ley. Me parece suicida decir que el acuerdo es malo. Los periodistas necesitan sobre todo que sus empresas no cierren ni despidan a la gente. Este es el primer paso de un gigante de Internet hacia los editores, y abre una nueva forma de colaboración porque Google reconoce la importancia de los periódicos. En un periodo difícil para el sector, tendremos la ayuda de un player que posee muchas más competencias que nosotros en la materia”.

Entre los expertos de la web, la conmoción manda. El provocador gurú Jeff Jarvis, un liberal partidario de la web gratis situado a años luz del proteccionismo francés, cree que los diarios europeos “han fracasado” en el intento de rentabilizar su estrategia digital y añade que “deberían hacer negocios con Google en vez de secuestrarlo. Si el buscador manda a un lector hacia un medio, el medio debe establecer una relación con su lector. Si llegan docenas de miles de lectores y no son capaces de rentabilizarlos, Google puede ayudarles a tratar mejor a sus clientes. Sería mucho más sabia y sana ese tipo de relación que tratar de cobrarles por sus contenidos”.

Su argumentación es fácil de entender: “Que los editores cobren de Google es como si las fuentes de los periodistas cobraran por salir citados en sus artículos. Así que, cuando terminemos esta conversación, voy a mandarle la cuenta. ¿Le parecería normal?”.

En Silicon Valley, el lugar donde se fabrican tanto los sueños como la forma de hacer negocios en Internet, el veterano bloguero Lauren Weinstein ha escrito que el pacto es fruto de “una extorsión” del Gobierno francés y “una señal” de que Google está dispuesta a acceder a cualquier demanda de pago: “Hay pocas pruebas que sugieran que pagar a una parte que hace reclamaciones irracionales sea mejor que calmarla de forma momentánea, ya que inevitablemente volverá a por más. Y más. Y más. Y, lo que es peor, al asumir esas demandas, les dices a otras partes que pueden hacer las mismas (o incluso más disparatadas) peticiones, y ese estado mental puede extender fácilmente el ataque desde las compañías más ricas hacia las más pequeñas, o incluso a los individuos”.

La editora francesa Nathalie Collin considera “un halago” esas críticas. “Los defensores del todo gratis consideran que los contenidos no tienen ningún valor y los autores tampoco, y en último extremo eso llevaría a que no haya autores ni contenidos, lo que penalizaría a todos. Por eso es realmente histórico que Google reconozca eso por primera vez sin pasar por un litigio legal. El presidente de un símbolo del liberalismo anglosajón ha firmado un pacto en el Elíseo y eso es una señal muy fuerte. Google piensa a medio y largo plazo y eso contribuirá a la ecología de la web. Creo que hemos alcanzado una síntesis de dos escuelas de pensamiento que sienta un buen precedente”.

Lo que parece claro es que el acuerdo abre la puerta a arreglos similares en otros países donde los esfuerzos por cobrar a Google han resultado infructuosos. El Consejo Europeo de Editores de Prensa ya ha pedido a Google que negocie en los demás países y recuerda que usa los enlaces sin permiso de los poseedores de los derechos. Jarvis, por supuesto, espera que eso no ocurra. “Los medios deben elegir: una relación de negocios o un chantaje con ayuda oficial. Yo, si fuera EL PAÍS, que es un líder mundial pero tiene, como todos, problemas financieros, iría a ver a Google y diría: ‘¿Cómo podemos trabajar juntos y beneficiarnos los dos?’ Estoy seguro de que Google preferiría firmar un acuerdo de ese tipo a verse chantajeado por un Gobierno y firmar un pacto inútil con un sector entero. Y para los medios sería mucho más ventajoso”.

En Brasil se ha vivido la experiencia contraria, la ruptura, y no parece una gran solución. 154 medios nacionales abandonaron el año pasado Google News, y la Asociación Nacional de Prensa aceptó en octubre que su tráfico en Internet había caído un 5%, informa Francho Barón. Consultada por la evolución de estos meses, la asociación afirma que no tiene datos actualizados.

La empresa californiana Google y los editores de prensa franceses han llegado a un armisticio en el conflicto que les enfrentaba por la difusión de contenidos. El acuerdo fue presentado el viernes en el Elíseo por el presidente francés, François Hollande, y por el máximo dirigente de la compañía, Eric Schmidt. Google pagará a los editores de prensa generalista 60 millones de euros, según anunció el Elíseo, pero no por enlazar sus contenidos, como querían los editores, sino a través de un “fondo de ayuda a la transición digital”. A ese fondo solo podrán acceder, según una fuente implicada en la negociación consultada por Le Monde, las empresas de prensa de información general.

Desde diciembre, Google se había reunido varias veces por semana con un mediador del Gobierno francés, Marc Schwartz. Las asociaciones de editores de prensa reclamaban a Google el pago de un nuevo “derecho” similar a los derechos de autor al considerar que el motor búsqueda en Internet canibaliza sus contenidos y se lucra con ellos. Ese mismo mes, Google llegó a un acuerdo en Bélgica, según el cual el buscador proporcionará a los editores de ese país sus sistemas publicitarios para que obtengan más ingresos en Internet.

En la raíz de la disputa se encuentra la remuneración por la difusión de los contenidos incluidos en los diferentes productos de Google, cuyo buscador es una valiosa e imprescindible fuente de tráfico de lectores para la prensa. Ese tráfico en sus páginas web se traduce en audiencia –la principal variable que determina las tarifas de publicidad– y en visibilidad para sus anuncios, terreno en el que Google ha arrebatado el protagonismo a la prensa.

El acuerdo, calificado de histórico por Schmidt, prevé que la compañía abone un fondo de ayuda a la transición digital de la prensa para financiar proyectos de “cambios estructurales”, bajo la supervisión de una comisión. Google “ha propuesto acompañar este cambio con sus ingenieros y sus conocimientos técnicos”, según precisó el intermediario de las negociaciones.

La entente cordial alcanzada en Francia abre la puerta a acuerdos similares en otros países, y revela que cuando la presión se canaliza a través de los Gobiernos funciona mejor que si no hay apoyo oficial. Los editores galos no han hecho sino replicar las iniciativas de sus pares en otros países europeos, que reclaman desde hace tiempo, en una estrategia que algunas voces críticas han calificado de suicida, el pago por la difusión de sus contenidos en las diferentes plataformas de Google, ya se trate de Google News u otros productos similares.

Hollande, que se había reunido con Schmidt a finales de octubre, había presionado a la compañía con sede en Mountain View (California) al anunciar que si sus negociaciones con los editores fracasaban, el Gobierno aprobaría una ley para obligar a Google a pagar una tasa.

El acuerdo pone también de manifiesto que la mayor compañía de Internet se ha convertido en un actor ineludible para los editores, puesto que si cumpliera sus amenazas de no indexar los contenidos de los medios, el tráfico e influencia de éstos se verían gravemente afectados.

Además de querer cobrar por el uso de las cabeceras nacionales en su buscador de noticias, muchos Gobiernos europeos están tratando de aumentar la presión internacional contra Google y otras multinacionales similares por sus prácticas de ingeniería fiscal. De momento, esa presión no ha hecho la menor mella en Google, que en 2012 destinó solo 430 millones de dólares (unos 320 millones de euros) a impuestos por los beneficios de 8.075 millones de dólares (unos 5.980 millones de euros) que logró fuera de Estados Unidos, según las cuentas anuales depositadas esta semana ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (la SEC, por sus siglas en inglés).

Eso supone una tributación de solo el 5,3%, en contraste con el 41% que tributó por las ganancias de 5.311 millones de dólares logradas en Estados Unidos. Así y todo, la tasa fiscal en el exterior ha aumentado desde el 3,2% de impuestos que Google pagó el año anterior por su beneficio fuera de Estados Unidos. Google logra rebajar su factura fiscal con maniobras que considera legales, pero que están sujetas a investigación de las autoridades en Reino Unido, Francia, Australia, Italia, Suiza y España. La compañía señala que no espera que esas investigaciones tengan un efecto relevante sobre sus cuentas.

La ingeniería fiscal es una práctica generalizada entre las grandes multinacionales tecnológicas como Apple, Facebook, Microsoft, Amazon o Yahoo! El G-20 y la OCDE han puesto en marcha grupos de trabajo para combatir esas prácticas fiscales abusivas. En realidad, Google ni siquiera paga en Irlanda el 12,5% que es el tipo del impuesto de sociedades. Una investigación realizada por Bloomberg en 2010 demostró que traslada su beneficio desde Irlanda a paraísos fiscales pasando por una firma de Holanda que no tiene empleados y sin apenas tributar. Los pagos de la filial irlandesa a la firma de las Bermudas, domiciliada en un despacho de abogados, alcanzaron en 2011 los 9.800 millones de dólares (cerca de 7.300 millones de euros al cambio actual). En las Bermudas no hay impuesto sobre beneficios.

La entente cordial alcanzada en Francia abre la puerta a acuerdos similares en otros países, y revela que cuando la presión se canaliza a través de los Gobiernos funciona mejor que si no hay apoyo oficial. Los editores galos no han hecho sino replicar las iniciativas de sus pares en otros países europeos, que reclaman desde hace tiempo, en una estrategia que algunas voces críticas han calificado de suicida, el pago por la difusión de sus contenidos en las diferentes plataformas de Google, ya se trate de Google News u otros productos similares.

Hollande, que se había reunido con Schmidt a finales de octubre, había presionado a la compañía con sede en Mountain View (California) al anunciar que si sus negociaciones con los editores fracasaban, el Gobierno aprobaría una ley para obligar a Google a pagar una tasa.

El acuerdo pone también de manifiesto que la mayor compañía de Internet se ha convertido en un actor ineludible para los editores, puesto que si cumpliera sus amenazas de no indexar los contenidos de los medios, el tráfico e influencia de éstos se verían gravemente afectados.

Además de querer cobrar por el uso de las cabeceras nacionales en su buscador de noticias, muchos Gobiernos europeos están tratando de aumentar la presión internacional contra Google y otras multinacionales similares por sus prácticas de ingeniería fiscal. De momento, esa presión no ha hecho la menor mella en Google, que en 2012 destinó solo 430 millones de dólares (unos 320 millones de euros) a impuestos por los beneficios de 8.075 millones de dólares (unos 5.980 millones de euros) que logró fuera de Estados Unidos, según las cuentas anuales depositadas esta semana ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (la SEC, por sus siglas en inglés).

Eso supone una tributación de solo el 5,3%, en contraste con el 41% que tributó por las ganancias de 5.311 millones de dólares logradas en Estados Unidos. Así y todo, la tasa fiscal en el exterior ha aumentado desde el 3,2% de impuestos que Google pagó el año anterior por su beneficio fuera de Estados Unidos. Google logra rebajar su factura fiscal con maniobras que considera legales, pero que están sujetas a investigación de las autoridades en Reino Unido, Francia, Australia, Italia, Suiza y España. La compañía señala que no espera que esas investigaciones tengan un efecto relevante sobre sus cuentas.

La ingeniería fiscal es una práctica generalizada entre las grandes multinacionales tecnológicas como Apple, Facebook, Microsoft, Amazon o Yahoo! El G-20 y la OCDE han puesto en marcha grupos de trabajo para combatir esas prácticas fiscales abusivas. En realidad, Google ni siquiera paga en Irlanda el 12,5% que es el tipo del impuesto de sociedades. Una investigación realizada por Bloomberg en 2010 demostró que traslada su beneficio desde Irlanda a paraísos fiscales pasando por una firma de Holanda que no tiene empleados y sin apenas tributar. Los pagos de la filial irlandesa a la firma de las Bermudas, domiciliada en un despacho de abogados, alcanzaron en 2011 los 9.800 millones de dólares (cerca de 7.300 millones de euros al cambio actual). En las Bermudas no hay impuesto sobre beneficios.

Fuente: El País

0

Google da esquinazo al fisco otro año

La presión internacional contra las prácticas de ingeniería fiscal de las grandes multinacionales no ha hecho mella en Google. La mayor compañía en Internet destinó solo 430 millones de dólares (unos 320 millones de euros) a impuestos por los beneficios de 8.075 millones de dólares (unos 5.980 millones de euros) que logró fuera de Estados Unidos en 2012, según las cuentas anuales depositadas la noche del martes en la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (la SEC, por sus siglas en inglés). Eso supone una tributación de solo el 5,3% en contraste con el 41% que tributó por las ganancias de 5.311 millones de dólares logradas en Estados Unidos.

Con todo, la tasa fiscal en el exterior ha aumentado desde el 3,2% de impuestos que pagó el año anterior por el beneficio fuera de Estados Unidos. Google logra rebajar su factura fiscal con maniobras que considera legales, pero que son controvertidas y están sujetas a investigación de las autoridades en varios de los países en los que opera, como Reino Unido, Francia, Australia, Italia, Suiza y España. La compañía señala que no espera que esas investigaciones tengan un efecto relevante sobre sus cuentas.

La compañía con sede en Mountain View (California) admite en su informe anual que “sustancialmente todo el beneficio de las operaciones en el exterior fue logrado por una filial irlandesa”. El buscador factura desde Irlanda los ingresos por publicidad que obtiene en otros mercados, como el español, donde la filial Google Spain ha declarado pérdidas en los últimos dos ejercicios y apenas ha pagado impuesto de sociedades. Google Spain se dedica principalmente a comercializar la publicidad de clientes españoles en Google. Pero no factura la publicidad de esos clientes, sino que lo que hace es refacturar a otras sociedades del grupo (básicamente Google Ireland) basándose en los costes incurridos más un pequeño margen. Eso mismo hace en prácticamente todos los mercados fuera de Estados Unidos, como Reino Unido, Francia o Italia, entre los principales. De hecho, en el listado de filiales de su informe anual, donde otras compañías incluyen decenas de sociedades, Google solo incluye dos: Google Ireland Holdings y Google Ireland Limited.

Pero Google ni siquiera paga el 12,5% que es el tipo del impuesto de sociedades en Irlanda. Una investigación realizada por Bloomberg en 2010 mostró cómo se las arreglaba para trasladar su beneficio a paraísos fiscales sin apenas tributar.

La filial irlandesa que recibe los ingresos por publicidad de otros países paga a su vez derechos de propiedad industrial a la otra filial irlandesa, que está domiciliada a efectos fiscales en las islas Bermudas, una maniobra que en el argot fiscal se conoce como el doble irlandés. Para evitar retenciones, Google canaliza los pagos a las Bermudas a través de una filial holandesa que ni siquiera tiene empleados, una operación conocida como sandwich holandés. Los pagos de la filial irlandesa a la firma de las Bermudas, domiciliada en un despacho de abogados, alcanzaron en 2011 los 9.800 millones de dólares (cerca de 7.300 millones de euros al cambio actual), según los últimos documentos disponibles. En las Bermudas no hay impuesto sobre los beneficios.

Google acumula 31.400 millones de dólares en efectivo y activos líquidos en sus filiales en el exterior. Si Google decidiese repatriar ese dinero a EE UU, debería pagar impuestos por la diferencia hasta el tipo federal del 35% vigente en su país, pero la compañía declara que planea “reinvertir” esos fondos en el extranjero.

La traslación de bases imponibles y el uso de la ingeniería fiscal para reducir el pago de impuestos es una práctica generalizada entre las grandes multinacionales tecnológicas como Apple, Facebook, Microsoft, Amazon o Yahoo! El G-20 y la OCDE han puesto en marcha grupos de trabajo para combatir las prácticas fiscales abusivas de las multinacionales. El primer ministro británico, David Cameron, subrayó la semana pasada en Davos que la lucha contra la evasión y la elusión fiscal será una de sus prioridades durante la presidencia británica del G-8, pues considera “corrosivo para la confianza pública” que se perciba que algunas empresas no pagan impuestos. “Gente de todo el planeta está pidiendo con razón una mayor acción”, añadió. En su opinión, algunas prácticas de ingeniería fiscal son tan agresivas que suscitan cuestiones éticas. Curiosamente, uno de los miembros estrella del consejo asesor empresarial de Cameron es Eric Schmidt, presidente ejecutivo de Google.

Almunia amenaza con abrir un proceso contra la empresa en una entrevista al ‘FT’

Justifica que con sus prácticas “desvía el tráfico” de los usuarios a sus propios servicios

 

El gigante de internet Google se verá obligado a cambiar la forma en que presenta los resultados de sus búsquedas en Europa o se enfrentará a un proceso por monopolio, ha advertido el comisario de Competencia, Joaquín Almunia. En una entrevista al Financial Times, Almunia justifica su amenaza en que las prácticas del buscador “desvía el tráfico” a sus propios servicios, lo que difiere completamente con la postura que tienen sus homólogos estadounidenses responsables de velar por la libre competencia.

En contraste con la resolución de la Comisión Federal de Comercio de EE UU, que la pasada semana dictaminó que Google es libre de buscar la manera que ellos consideren más idónea para mejorar sus servicios, Almunia prometió que hará todo lo necesario para evitar que el buscador distorsione la libertad de elección de los consumidores y acapare el negocio de sus rivales.

“Todavía estamos investigando, pero mi convicción es que [Google] está desviando el tráfico”, afirma Almunia en relación al tratamiento preferente que el buscador da a sus propios servicios verticales. De este manera, continúa, “están monetizando esta clase de negocio”.

Un portavoz comunitario confirmó a Efe esas declaraciones de Almunia, al tiempo que recordó que ya en mayo de 2012 el vicepresidente de la CE apuntó que la investigación les llevó a “identificar” varias preocupaciones en las que las prácticas empresariales de Google “pueden ser consideradas abuso de posición dominante”.

El “desvío del tráfico” al que apunta el vicepresidente de la CE supondría que cuando un usuario hace una búsqueda, Google da preferencia a los resultados de sus propios servicios verticales y los muestra primero, en detrimento de los de sus competidores.

Almunia mostró sus sospechas de que la empresa estadounidense está realizando un uso indebido de su posición dominante, incurriendo en un abuso de la misma.

La Comisión Europea mantiene abierta por el momento la investigación y continúa las conversaciones con Google, que ha presentado posibles soluciones para esclarecer sus dudas sobre la legalidad de su modelo de negocio.

Si las alternativas planteadas por Google no convencen a Bruselas, la CE podría presentar cargos contra la compañía, una decisión final que podría llegar este mismo mes.

Empresas como Google o Facebook podrían recibir multas de hasta el 2% de su facturación

Las compañías deberán pedir permiso expreso a sus usuarios

Las compañías de Internet como Facebook y Google tendrán que conseguir más permisos para el uso de los datos de sus usuarios si finalmente triunfa la reforma que prepara Bruselas para limitar la capacidad de las empresas para utilizar y vender esos datos, tales como los hábitos de navegación por Internet, a empresas de publicidad, especialmente cuando las personas no son conscientes de sus datos se está utilizando en ese sentido.

“Los usuarios deben estar informados sobre lo que ocurre con sus datos “, dijo Jan Philipp Albrecht, un diputado alemán del Parlamento Europeo, que está impulsando la reforma. “Ellos deben tener la capacidad de llegar a un acuerdo consciente con el procesamiento de sus datos o rechazar el uso de los mismos”

Facebook y Google, que fueron los primeros en beneficiarse del tráfico de datos de los usuarios, han estado presionando para frenar la reforma. También otros sectores como servicios de salud, ferrocarril han expresado su preocupación por esta legislación.

Albrecht, un político del partido Verde, tiene previsto anunciar hoy un plan para garantizar que los usuarios de motores de búsqueda y redes sociales puedan controlar qué parte de su datos es vendida a los anunciantes. El informe se basa en una propuesta anunciada por la Comisión Europea el pasado mes de enero para endurecer la protección de datos. El Parlamento Europeo, la Comisión y los países del bloque 27 buscarán un acuerdo sobre estas normas en los próximos meses.

Para las empresas de Internet esta legislación podría tener un efecto escalofriante para su próspero negocio. “Estamos preocupados de que algunos aspectos del informe no son compatibles con un floreciente mercado único digital europeo y la realidad de la innovación en Internet “, dijo Erika Mann , responsable de asuntos públicos de Facebook, quien añadió que el mercado digital es inevitablemente de carácter global, e incluyó los socios importantes de Estados Unidos.

La cantidad de datos online recolectados y vendidos ha crecido rápidamente. Los defensores de la privacidad estadounidenses estiman que un usuario de Facebook puede hacer ganar a la compañía 10 dólares al año haciendo clic en los anuncios, una cantidad considerable si se tiene en cuenta que la red social roza los 1.000 millones de usuarios.

Albrecht también dijo que las autoridades nacionales podrían ser autorizadas a imponer multas de entre 0,5% hasta 2% de la facturación anual por comprometer los datos del cliente, perdiendo o divulgando dichos datos. Sin embargo, políticos de alto rango en el Parlamento Europeo están presionando para que la multa máxima no supere el 1% de la facturación,.

El impulso para regular el uso de los datos viene exigido cada vez más por los propios clientes ya que los consumidores se están volviendo en contra de esta práctica. En diciembre, Instagram, propiedad de Facebook, anunció el proyecto de vender fotos de los usuarios a los anunciantes, pero tuvo que dar marcha atrás tras comprobar como muchos de sus clientes se deban de baja.

Los defensores de la privacidad dicen que las compañías no toman suficientemente en cuenta la privacidad de los usuarios. “Ellos pueden hacerlo si se sienten que sus razones para hacerlo son más convincentes que el derecho individual a la privacidad “, dijo Joe McNamee, un defensor de la privacidad en Bruselas.