• Las agencias de protección de datos europeas instan a realizar cambios
  • La autoridad francesa dice que tiene ‘tres o cuatro meses’ para cumplir
  • Google defiende sus cambios y está ‘convencido’ de que cumple con las normas

La nueva política de privacidad de Google, implementada el 1 de marzo, no está del todo en conformidad con la legislación europea de protección de datos de carácter personal y las 27 autoridades europeas de protección (el grupo denominado G29, o grupo de trabajo del Artículo 29) sugieren “cambios” en una carta conjunta de recomendaciones. La compañía ha reaccionado enseguida y se ha mostrado “convencida” de que sus políticas de privacidad cumplen con la normativa europea.

En dicha carta común, las agencias de protección de datos solicitan a gigante de Internet que “proporcione un una información más clara y completa sobre los datos recogidos” y su “finalidad” a través de varias recomendaciones, y afirman que que Google debería “tomar medidas efectivas rápidamente”.

De hecho, la Comisión Nacional de Informática y de las Libertades (Cnil, la oficina de protección de datos francesa) indicó que Google tiene “tres o cuatro meses” para garantizar el cumplimiento de las normas de confidencialidad conforme a la legislación de la UE antes de entrar en una fase de “litigio”.

En un esfuerzo de simplificación de su política de confidencialidad, Google fusionó cerca de 60 políticas de privacidad diferentes en una sola, de manera que servían para un amplio abanico de servicios, desde el correo Gmail hasta Google+.

La propia Cnil recibió el encargo de las otras 26 entidades nacionales de protección de datos de la UE de investigar y analizar los cambios realizados por el gigante de la Red, quienes habían indicado ya que estas nuevas reglas “no cumplen con los requisitos de la Directiva Europea de Protección de Datos en términos de informar a las personas afectadas”.

Tras una segunda ronda de análisis basados en las explicaciones posteriores de Google, la Cnil acaba de presentar sus conclusiones en nombre del G29 (Nota en inglés y nota de la AEPD en español -PDF-).

“Google no ha demostrado su compromiso con los principios de la Directiva sobre protección de datos”, dijo la presidenta de Cnil, Isabelle Falque-Pierrotin, en rueda de prensa. “Nuestra cooperación con Google era normal, pero ha respondido a nuestras cuestiones de una manera más bien vaga e imprecisa”, agregó.

“Google no proporciona información suficiente a los usuarios en su tratamiento de los datos personales” y “no permite un control de usuario sobre la combinación de los datos entre sus muchos servicios”, afirma Cnil, que añade que “Google debería modificar sus prácticas si combina datos entre diferentes servicios” para, por ejemplo, “dar la oportunidad al usuario para poder elegir cuándo combinar sus datos”.

Asimismo, según Falque-Pierrotin, el gigante de Internet “se negó expresamente a responder sobre el tiempo máximo de retención de datos”.

En la carta enviada a Google, las autoridades europeas preguntan a Google “cómo y en qué momento va a poner en marcha una actualización de su política de privacidad para integrar sus recomendaciones”.

Por su parte, y poco después de la presentación de estos resultados, Google aseguró que que su nueva política de privacidad “respeta” la ley europea. En un breve comunicado, el responsable de privacidad de la compañía, Peter Fleischer, afirmaba que la “nueva política de privacidad demuestra el continuo compromiso para proteger la información de los usuarios y crear productos de calidad”. “Estamos seguros de que nuestras políticas de privacidad cumplen con la ley europea”, concluyó.

Europa Press | Madrid

Una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha reconocido que es su obligación solicitar a Google que no indexe las sentencias del Tribunal Constitucional publicadas en el Boletín Oficial del estado (BOE), si recibiese petición de retirada de personas que consideren que han violado su derecho a la privacidad.

Y es que uno de los aspectos más conflictivos de los motores de búsqueda, especialmente del más popular, Google, es la aparición de datos personales en sus resultados ligados a sentencias judiciales, como las del Tribunal Constitucional, que incluyen datos de personas que aparecen en el BOE.

El Tribunal Constitucional tiene potestad para publicar las sentencias en sus páginas oficiales, pero quedaba en duda si estas informaciones también podrían aparecer en otros sitios como el mencionado buscador.

La duda ha quedado resuelta tras una reclamación del despacho de abogados salirdeinternet.com que, tras solicitar inicialmente a la AEPD que obligase al buscador Google que dejara de indexar enlaces del BOE y otras direcciones que afectaban a uno de sus clientes, les remitieron al máximo órgano del Tribunal Constitucional alegando que era el responsable de la difusión de la sentencia.

Resolución de la AEPD

“En un primer momento la AEPD se opuso a la petición del ciudadano, afirmando -por primera vez en España-, que la publicación de la Sentencia era obligatoria en el BOE y que la AEPD no tenía competencias para decidir sobre su difusión en Google al ser una materia reservada al propio Tribunal Constitucional”, ha explicado un portavoz del bufete que puso la reclamación.

Pero encontraron una solución para evitar un largo proceso judicial: “En base a la Ley de Protección de Datos, le pedimos al Tribunal Constitucional que eliminase la Sentencia de Google en un plazo de 10 días, o que se declarase incompetente, con el fin de que volviese a examinar el asunto la AEPD”, explican.

En un plazo transcurrido de 10 días, “el Tribunal Constitucional afirmó que sus sentencias únicamente debían publicarse en sitios oficiales, y excluía a Google de sus competencias“. Tras recibir dicha respuesta, la AEPD ha rectificado y ha ordenado a Google que retire la sentencia del denunciante de su buscador.

Eso sí, la AEPD aclara que aunque puede solicitar la retirada a Google y ésta debería proceder a la misma, algunos casos se han elevado a la Audiencia Nacional por considerar no procedentes. En esos casos, la información no se ha retirado a la espera de que el Tribunal de Justicia Europeo decida sobre las peticiones.

Google es una potente herramienta de búsqueda, capaz de localizar la información que los usuarios desean en todo momento.

Protección de datos le exigió que no difundiera enlaces en 18 resoluciones solo en seis meses El gigante de Internet considera que sería “censura”

Google se niega a ocultar información. Lo considera censura. Da igual que se lo pidan ciudadanos a quienes les afecta la difusión de sus datos personales en el buscador, y que piden amparo a la Administración.

Google recibió, de julio a diciembre de 2011, 43 solicitudes de organismos gubernamentales, entre ellos la policía, para que eliminaran de sus servicios o resultados de búsqueda 307 contenidos. Destacan las 14 peticiones de la Agencia de Protección de Datos (AEPD) para que retirase hasta 270 enlaces que, según Google, “vinculan a blogs y medios de comunicación sobre individuos particulares y personajes públicos, como alcaldes y fiscales”. La AEPD, en cambio, asegura que son 18 peticiones.

El buscador se negó a retirar los enlaces porque es “censura”. Tampoco facilita más información sobre los blogs, medios o personas afectadas “para preservar su privacidad”. De las 43 solicitudes totales (18 de ellas con requerimiento judicial), que incluyen también otros nueve vídeos (YouTube), 18 blogs (Blogger) y dos contenidos en Gmail, el buscador ha retirado “total o parcialmente el 37%”, según el Informe de Transparencia publicado el lunes.

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De julio a diciembre de 2011 la Agencia española exigió eliminar 270 vínculos

Catorce peticiones en seis meses, todas rechazadas. La Agencia de Protección de Datos ha exigido en estas 14 solicitudes que Google retire hasta 270 resultados de búsqueda que vinculan a blogs y medios de comunicación sobre individuos particulares y personajes públicos, entre ellos alcaldes y fiscales. También ha pedido la eliminación de tres blogs publicados en Blogger y tres vídeos en YouTube. Ninguna de las peticiones va acompañada de orden judicial y el buscador se ha negado a cumplir con las exigencias: “Consideramos que nos obliga a censurar”, asegura Dorothy Chou, analista de políticas públicas de Google.

En total, la compañía ha recibido 43 solicitudes de organismos públicos en territorio español. Los seis meses anteriores fueron 39. Esta es la principal novedad sobre España en el Informe de Transparencia (Transparency Report, en inglés), que el gigante de las búsquedas actualiza cada semestre y ha sido publicado hoy.

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Adiverte de casos registrados en los últimos meses como ‘Street View’ o la red social ‘Buzz’ de Google, que incorporó sin consentimiento a los usuarios de ‘Gmail’ como participantes

El director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Artemi Rallo, ha alertado en el Congreso de que grandes empresas de Internet como Google o Facebook “han cruzado varias líneasrojas” en cuanto a los derechos de privacidad de millones de usuarios, que han llevado a la agencia a iniciar en los últimos meses diversas investigaciones.

En su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso, Rallo, ha advertido de casos registrado en los últimos meses como y ha citado como ejemplo el de ‘Street View’ o la red social ‘Buzz’ de Google, que incorporó sin consentimiento a los usuarios de ‘Gmail’ como participantes de esa nueva red social, y les asignó como ‘seguidores’ a personas con las que mantenían correspondencia más frecuentemente a través del correo electrónico. “Todo ello sin informarles adecuadamente”, ha puntualizado.

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Protección de datos le exigió que no difundiera enlaces en 18 resoluciones solo en seis meses. El gigante de Internet considera que sería “censura”.

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Crecen las reclamaciones de los ciudadanos y de la Agencia de Protección de Datos que piden que se elimine información en redes sociales o hemerotecas, mientras Europa y España cambian sus leyes

Europa vive la fiebre del derecho al olvido en Internet desde hace semanas. El pasado 16 de marzo, la comisaria de Justicia, Viviane Reding, anunció que antes del verano presentará una propuesta legislativa para protegerlo en las redes sociales.

El objetivo es que los usuarios puedan exigir a empresas como Facebook que borren completamente sus datos personales o fotos cuando se den de baja en el servicio. Además, el próximo 25 de mayo vence el plazo para que España se adapte a la Directiva de tratamiento de datos personales. La postura de la Agencia Española de Protección de Datos sobre estos asuntos es más conservadora que la de la UE, según muestra en sus resoluciones.

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¿Quién es capaz de juzgar a Google?

“Ningún ciudadano que no goce de la condición de personaje público, ni sea objeto de un hecho de relevancia pública tiene que resignarse a que sus datos personales circulen por la red”. Con esta declaración de principios, la Agencia Española de Protección de Datos se pronunciaba al pasado enero, animando a los usuarios de internet a solicitar la cancelación de referencias privadas en foros, blogs, redes, etc que considerasen que vulneraban su dignidad personal o reputación.

La AEPD se enfrentó entonces a Google por más de 80 reclamaciones para que elimine los datos de particulares que consideran vulnerado su derecho a la intimidad. La Audiencia Nacional quiere plantear estas reclamaciones al Tribunal de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo.

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