David Bravo, especialista en propiedad intelectual y derecho informático y abogado de la web Bajui.com, primera web de enlaces llevada a la Comisión de Propiedad Intelectual encargada de ejecutar de la Ley Sinde, ha denunciado que dicha legislación “es más peligrosa de lo que parecía” y que afecta a todo tipo de páginas con enlaces “presentes y futuros”, desde Wikipedia a Google, pasando por Menéame.

David Bravo es el abogado de Juan José Coronel, administrador de bajui.com, la primera página “en ser llevada simultáneamente ante los juzgados penales y civiles por administrar sus webs de enlaces”. Ahora, según cuenta el abogado, Juan José Coronel ha sido también el primero al que se le aplica la Ley Sinde y su vía administrativa. “Salvo que le lleven ante la justicia militar, ya no le quedará juzgado por conocer”, comenta con sorna en el blog de eldiario.es. Bravo recuerda que en el procedimiento penal se aceptó la petición de sobreseimiento y se acordó el archivo de las actuaciones mediante resolución firme, por lo que el caso no fue a juicio al considerarse que los hechos denunciados no eran delictivos.

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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha solicitado que se elimininen estos contenidos para evitar la difusión «universal» de una información «lesiva» para el ciudadano

Por quinta vez desde que lanzó su Informe de Transparencia hace dos años, Google ha publicado información sobre las peticiones que realizan diferentes gobiernos de todo el mundo para que eliminen contenido de sus servicios o para que entreguen a las autoridades información sobre los usuarios.

La compañía, que también muestra las solicitudes recibidas por propietarios de derechos de autor para que eliminen resultados de búsqueda, también ha incluido algunas mejoras en el informe, como gráficos que muestran los patrones de tráfico en sus servicios y las interrupciones del mismo en distintos países.

En cualquier caso, el buscador explica en su blog que mientras que las secciones de tráfico y copyright se actualizan casi en tiempo real, los datos sobre las peticiones hechas por gobiernos se actualizan cada seis meses, pues se trata de un proceso manual.

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Desde estas mismas páginas alertamos en su día sobre el siniestro procedimiento de censura que pretendía establecerse mediante la Ley Sinde-Wert. Volvimos a avisar cuando se conocieron los primeros borradores del reglamento. Y lo volvimos a hacer cuando el PP consumó el proyecto liberticida impulsado por la embajada de Estados Unidos con la aquiescencia del PSOE.

Durante años hemos advertido de lo que se nos venía encima: son los últimos estertores de un mundo que agoniza, y que va a morir censurando, atacando a la estructura distribuida de enlaces que constituye la base de internet. Durante años, el poder político en España ha intentado retrasar en lo posible el desarrollo de la red, un espacio de libertad radicalmente opuesto a las jerarquías corruptas del sistema. En esa labor obstruccionista, ha contado con la inestimable colaboración de los lobbies del copyright, defendidos en última instancia por los medios de comunicación en manos del poder financiero.

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